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Las opciones que entrega ley de Insolvencia y Reemprendimiento para pymes afectadas

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) tiene una serie de medidas y apoyos que pueden ser claves para el duro momento que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

En medio de la pandemia y sus efectos, el superintendente Hugo Sánchez dio a conocer algunas de las herramientas que entrega el organismo, que permiten, entre otras cosas, la reorganización de un negocio, acceder a asesorías económicas de insolvencia y en el peor escenario tramitar su liquidación.

Sánchez explicó que la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento contempla dos procedimientos para las empresas: Liquidación y Reorganización, acciones que deben realizarse en tribunales con el patrocinio de un abogado.

En el proceso de Liquidación, se hace entrega de los bienes de la pyme y con ellos se paga a los acreedores en el orden y la forma que la Ley lo establezca. En la Reorganización, en tanto, una empresa propone a sus acreedores una forma diferente para pagar sus créditos, propuesta que puede ser rechazada o aprobada.

Asesoría Económica

El superintendente explicó que en la Reorganización acceden con mayor tendencia empresas medianas y grandes. Las razones serían porque “tienen mayor acceso al conocimiento contable y legal, que le permitirían anticipar situaciones de insolvencia. Luego pueden acceder a una asesoría legal prematura para dar inicio al procedimiento de Reorganización”, precisó.

Por eso, indicó que están potenciando la Asesoría Económica de Insolvencia de la Ley N.° 20.416, para apoyar a las pymes y contar un asesor externo fiscalizado por la Superir, “cuya tarea es realizar un estudio sobre la situación financiera, económica y contable, para diagnosticar las causas de la crisis y realizar las gestiones para superarla. Este procedimiento es voluntario y se puede realizar en línea, con Clave Única, en el banner de Asesoría Económica de Insolvencia que está presente en www.superir.gob.cl”.

Este asesor puede gestionar convenios de repactación de créditos con acreedores y ejecutar un informe financiero y contable sobre la situación comercial de la empresa que se somete a este procedimiento; incluso una suspensión de una tramitación por un plazo de 90 días para ver qué posibilidades existen para salvar la pyme o recomendar su liquidación.

Para acceder a un asesor, las micro y pequeñas empresas deben presentar una insolvencia actual, es decir, demostrar imposibilidad de pagar una o más de sus obligaciones vencidas, o que dentro de los tres meses siguientes no pueda cumplir con sus pagos. Además, debe tributar en primera categoría, no haber sido exceptuado por el Estatuto Pyme y registrar ventas inferiores a 25.000 UF neto durante los 12 meses anteriores.

Cabe señalar que el profesional que preste estos servicio debe recibir una remuneración fijada en común acuerdo con el deudor.

El superintendente también dijo que continúan trabajando con la herramienta Asesor Económico de Insolvencia Gratuito (AEIG), dirigida a las pymes inscritas en el catastro Pyme octubre-noviembre de 2019 y que pueden optar a este servicio de manera gratuita.

Por otro lado, dijo que la Superir ha realizado charlas online a lo largo del país para difundir los beneficios que otorga la ley para las mipymes.

Asimismo, abrieron un espacio en su página web para elaborar un levantamiento oportuno y asistir a quienes requieran asistencia financiera y contable.

Desde el estallido social de octubre 2019, la Superintendencia informó que de las 876 empresas que se acogieron a la ley, 213 corresponderían a micro, pequeñas y medianas empresas; 34 de ellas son microempresas; 124, pequeñas y 55, medianas.

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