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Opinión. Pymes dependientes del agua: Ahogadas por deudas y burocracia

Por Christian Valenzuela Jensen, socio fundador de Compragua

Tener derechos de aguas y extraer desde un pozo profundo, río o estero no es una actividad exclusiva de grandes empresarios. Distintos tipos de pymes, micro empresas y ciudadanos también necesitan derechos para los más diversos fines, desde la agricultura hasta el consumo humano, sin embargo, se ven sometidos a reglas del juego que fueron creadas pensando en quienes tienen mayor capacidad financiera.

Por ejemplo, cuando se adquiere un derecho de aguas, muchas veces es imprescindible tramitar ante el Estado un cambio de punto de captación para legalizar una nueva extracción del recurso. Este proceso es largo, costoso y tiene varios requisitos. No obstante, la carga total en trámites, papeleo y dinero para una gran empresa por trasladar 500 l/s a un nuevo punto será muy similar al que tendrá un pequeño agricultor por apenas 1 l/s.

Hay muchas otras situaciones que significan barreras difíciles de sortear para las pymes usuarias del recurso hídrico, pero las dificultades más grandes están en el acceso y la mantención de los derechos de aguas, especialmente en torno al pago de patente por no uso.

Este cargo a los derechos de aguas tenía por objeto principal eliminar el acaparamiento y la especulación, motivando la reasignación, específicamente para los derechos con vocación hidroeléctrica existentes en el sur de Chile, donde la tesis era que la falta de inversión en ese sector se debía a que las generadoras buscaban mantener altos los precios de la energía, conservando derechos en su propiedad, sin desarrollarlos y provocando que competidores no pudieran acceder a las aguas para invertir en hidroelectricidad. Con todo, después de 12 años de aplicación de la patente, el sector hidroeléctrico disminuyó su participación en la matriz energética nacional, principalmente a manos de termoeléctricas emisoras de CO₂, mientras que casi el total de los derechos sigue sin uso. En otras palabras, el acaparamiento y la especulación no eran las causas del no desarrollo.

Sin embargo, los efectos adversos de este cobro no sólo se han observado en la hidroelectricidad ―sector que se pretendía dinamizar―, sino que también en varios otros rubros, muchos con alta participación de pymes, para los cuales nunca estuvo diagnosticado el acaparamiento o la especulación y donde, por el contrario, nuestra experiencia nos muestra alta competencia, transacciones y atomización en la propiedad de los derechos. En lugar de dinamizar la reasignación de las aguas, hemos visto que el alto costo de la patente ha hecho más burocrático al sistema, complicando con juicios complejos a los derechos y haciéndolos poco atractivos para adquirirlos, realizar proyectos y en definitiva mover la economía del país. Un sinsentido símbolo (de varios) que atormenta a los usuarios es que hay que seguir pagando patente por no uso mientras no se autorice un cambio de punto de extracción ―repito, proceso largo―, el cual tiene precisamente por objetivo usar los derechos de aguas. Ahí no hay consuelo para quienes llevan varios años esperando la autorización estatal.

Más que evitar el acaparamiento y la especulación con derechos, el objetivo es el uso eficiente y buscar que el agua alcance para todos. Una mejor herramienta para lograrlo es fijar contribuciones de costo abordable por la simple tenencia de los derechos, de todos ellos e independiente que se usen o no, eliminando a la patente por no uso. Con esto se evitan ―sobre todo para los más pequeños― las incertidumbres, esperas, judicializaciones y el ahogo a inversiones propios de la patente, debido a su alto costo tanto para los usuarios como para el Estado, quien tiene que valerse de los métodos más insólitos para fiscalizar el no uso, muchas veces equivocándose. En estos tiempos de ajustes al Código de Aguas, la invitación para todos es a corregir el rumbo. El agua es piedra angular del desarrollo del país y necesita certezas.

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