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Opinión: ¿Cómo ven las Pymes el proyecto de Pago Oportuno?

Por Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme

 

Generando muchas expectativas entre los pequeños y medianos empresarios, en mayo pasado, el Gobierno anunció el proyecto de ley de Pago Oportuno para Pymes, el cual contemplaba, como una de sus principales medidas, la obligación del pago de la factura a partir del día convenido y no más de 60 días máximo, considerando el cobro de intereses por día de atraso. Finalmente, tras la presión de los gremios de pequeñas y medianas empresas, el pasado viernes 27 de julio el Presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto “Pago a 30 Días” y este miércoles se votará en la Cámara de Diputados.

En este contexto, es importante reflexionar sobre la percepción que tienen las Pymes respecto al proyecto y sus alcances. De acuerdo a un estudio que realizamos, el 72% de las Pymes considera que el proyecto mejorará la situación actual de su empresa. Sobre el conocimiento que tienen sobre esta iniciativa, un 56% de los encuestados dice estar al tanto de la propuesta, mientras un 37% lo ignora.

Respecto a los impedimentos que frenan el crecimiento de las empresas, un 47% indicó la falta de financiamiento como principal traba, mientras que un 19% no crece por problemas de pago de clientes, apuntando, directamente, al proyecto de ley del Gobierno. Sin duda, los 60 días planteados en el proyecto original eran algo demasiado extenso.

Un tiempo razonable y equitativo es de 30 días corridos, contados desde la emisión de la factura, lo que finalmente fue anunciado la semana pasada, y que esperamos siga su curso para finalmente ser aprobado.

En cuanto a las medidas que actualmente estipula el proyecto de ley, tienen mayor aprobación el Registro público sobre el comportamiento de pago de empresas y el Devengo de intereses por no pago de facturas en plazo establecido, mientras que la medida peor evaluada corresponde al plazo de excepción de tres años a organismos públicos. En este caso, consideramos que faltó mayor rigurosidad en los plazos, la iniciativa fija en tres años el período durante el cual el Estado, los organismos públicos y municipalidades estarán exceptuados de cumplir las obligaciones que establece el proyecto, lo que es lamentable.

En general, las medidas propuestas en el proyecto comprenden parte importante de los requerimientos y anhelos de la Pymes y vienen a dar un poco más de simetría en la relación empresa-proveedor, puesto que actualmente, esta relación es absolutamente asimétrica y las condiciones comerciales son impuestas por las grandes empresas. Sin embargo, siguen existiendo algunos puntos que debilitan el proyecto como, por ejemplo, el de la posibilidad de usar el IVA crédito fiscal sólo después del pago de la factura; ésta fue una de las más celebradas por las pymes y una de las que más las beneficiaba. No obstante, al momento de ingresar el proyecto, fue eliminada por el Ejecutivo, aduciendo problemas técnicos operacionales, lo que es en extremo lamentable y debilita de sobremanera al proyecto. El hecho de que una empresa sólo pueda deducir de su pago mensual de IVA el crédito fiscal de aquellas facturas pagadas, constituía un gran incentivo al pago oportuno a las empresas compradoras, por lo que es de esperar que dicha iniciativa se reponga en la discusión parlamentaria.

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