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Dr. Pyme: Nuestra empresa es rentable pero estamos lleno de deudas, cómo podemos organizarnos para evitar la quiebra

Por Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme

Según el informe de Deuda Morosa del primer trimestre de 2017, realizado por la Universidad San Sebastián y Equifax, las pequeñas y medianas empresas aumentaron sus montos de mora en relación al mismo período el año anterior. Es decir, de más de 358 mil empresas activas en el país, más de 55 mil se encuentran morosas.

La situación de endeudamiento de las pymes en Chile se debe al flujo de caja que tienen éstas, ya que los clientes pagan con 30 a 90 días de retraso y fuerzan a las empresas a endeudarse para conseguir liquidez.

Para las empresas deudoras que buscan salir de esa situación y reemprender su negocio existe el proceso de Reorganización de empresas, vigente desde hace tres años bajo el alero de la Ley 20.720, de Insolvencia y Reemprendimiento. En los tres años de vigencia de esta nueva ley sólo 133 procedimientos de Reorganización han sido admitidos a tramitación, de los cuales el 54% corresponde a grandes empresas, mientras que el resto de la torta se divide en un 10% de pequeñas empresa, 13% de micro empresas y un 23% medianas empresas.

Considerando que dicha ley le permite al micro, pequeño y mediano empresario continuar con su emprendimiento, pero de manera ordenada y con una carga financiera que le permitirá seguir operando, es importante que las empresas de menor tamaño conozcan cómo acceder a este procedimiento.

Pero ¿qué características debe tener una Pyme para acceder a esta solución?

En primer lugar, este procedimiento judicial está dirigido a las empresas viables, esto debe demostrarse con diversos documentos tributarios, contables y financieros de la empresa, tales como balances, estados de resultado, flujo de caja presente y proyectado, cuentas por cobrar, estructura de costos, entre otras cosas, a fin de generar en los acreedores la convicción en torno a la necesidad de que conservar la empresa y propender a su permanencia en el mercado es la mejor forma de satisfacer sus expectativas de cobro, por medio de la reestructuración de la deuda ya sea ampliando el plazo para el pago, modificando las tasas de interés, concediendo plazos de gracia, entre otras cosas.

Además, como se tramita ante los tribunales de justicia, es necesario el patrocinio de un abogado.

Se requiere además un trabajo de evaluación previo por parte de expertos que analicen la empresa, la industria y el o los mercados en los que se desenvuelve, a fin de determinar si efectivamente la empresa es viable. En esta fase es fundamental contar con la asesoría adecuada de profesionales de otras áreas, como ingenieros o contadores auditores, quienes deben tener a disposición la totalidad de la documentación solicitada a la empresa, documentación que debe ser absolutamente veraz, pues la transparencia y la confianza son la base del procedimiento.

Protección financiera

La Ley de Insolvencia y Reemprendimiento contempla para el procedimiento de Reorganización la protección financiera concursal. Este es un período de tiempo en el cual también se suspenden los juicios de cobranza, embargos, solicitudes de liquidación forzosa por parte de los acreedores de la empresa, también por un plazo de hasta 90 días, lo que le permitirá a la empresa negociar y propender al acuerdo con sus acreedores sin la presión que significa un embargo o remate de bienes inminente”. Asimismo, esta ley contempla otra norma importante sobre este proceso y la continuidad de la empresa viable, que consiste en el incentivo a los proveedores que siguen suministrando bienes y servicios, esenciales para el giro, a la empresa durante la Reorganización, pues les otorga una preferencia para su pago en caso de que este procedimiento falle.

Otra alternativa para las Pymes es la Ley 20.416, comúnmente conocida como el Estatuto Pyme. Este procedimiento entrega a las pequeñas y medianas empresas importantes herramientas para determinar su viabilidad y favorecer su continuidad a través de la intervención de un Asesor Económico de Insolvencia, quien realizará un análisis económico y financiero y podrá otorgar un Certificado, que tiene el poder de suspender los juicios de cobranza, embargos, solicitudes de liquidación forzosa y en general cualquier apremio por el incumplimiento de las obligaciones de la empresa -a excepción de remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores- hasta por 90 días, permitiéndole a la empresa generar caja y ganar liquidez con miras a reestructurar sus pasivos.

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