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Opinión: Lo que le falta a la justicia tributaria

Por Christian Blanche, socio fundador de Tax Advisors

Con fecha 27 de marzo de 2015, el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley que busca fortalecer y perfeccionar la justicia tributaria y aduanera, a la luz de la experiencia adquirida en los 5 años de existencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Los objetivos del proyecto son establecer una escala de remuneraciones propias y el aumento de las plantas de funcionarios, incorporar la conciliación, el trámite de observaciones a la prueba y perfeccionar la reposición administrativa y establecer la tramitación electrónica de las causas, entre otras materias. Este proyecto de ley, un año después de su presentación, pasó a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se le ha retirado la urgencia.

Por otra parte, actualmente existe una importante demora en la tramitación de la mayor parte de las causas tributarias, lo que se espera superar mediante las medidas antes señaladas, y especialmente en la Región Metropolitana, a través del establecimiento de la distribución de causas, entre los cuatro tribunales existentes. Por esta razón, es necesario que se apruebe a la brevedad el proyecto en cuestión, para lo cual se requiere que el gobierno disponga su discusión inmediata. Sabemos que entre más demora exista, mayor es la contingencia que asumen los particulares con el Fisco, ya que las deudas tributarias devengan un interés real moratorio que la ley fija en un 18% anual. Esta sólo sanción, para el evento de perder una causa tributaria en tribunales, desalienta por sí solo debatir lo que resuelve la administración tributaria en la sede administrativa, y por tanto se hace insostenible una demora en su tramitación.

El proyecto en cuestión, si bien no resuelve todos los problemas que presenta la justicia tributaria, constituye un gran avance. Sin embargo, aún falta por resolver el acceso a la justicia por parte de los contribuyentes de menores ingresos, que no cuentan con los recursos suficientes para contratar un abogado litigante especialista en estas materias, lo que ha hecho que muchas de las causas tributarias se pierdan en los tribunales, por falta de pruebas. Es curioso, que nuestro sistema legal no contemple la existencia del Defensor, como sucede en materia penal y en el derecho comparado. Un caso interesante se ha dado en los Estados Unidos, donde además de la Carta de los Derechos de los Contribuyentes (Taxpayer Bill of Rights), se creó una Oficina del Defensor del Contribuyente denominada Taxpayer Advocate Service dirigida por el Abogado del Contribuyente (Nacional Taxpayer Advocate). En cada Estado o circunscripción del IRS existe, al menos, un Delegado del Abogado del Contribuyente (Local Advocate Taxpayer). El abogado del contribuyente tiene dos funciones: intervenir en situaciones que, requieren la mediación de un organismo administrativo independiente del IRS que busque el amparo del ciudadano, tratando de lograr una adecuada y rápida resolución del problema planteado; y el estudio, análisis y presentación de propuestas de reformas legales o de pautas de actuación en la aplicación del sistema tributario que ayuden a mejorar su eficiencia reduciendo, al mismo tiempo, la presión fiscal indirecta del contribuyente.

Lo que le falta a la justicia tributaria, es que el gobierno ponga en discusión inmediata el proyecto de ley que se encuentra en el Senado y que los futuros candidatos presidenciales, consideren dentro de su programa la creación del defensor del contribuyente.

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