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¿Sabías que si estás endeudado no es necesario cerrar tu negocio?

De acuerdo a una medición desarrollada en Estados Unidos por Entrepreneur Weekly en 2015, sólo la mitad de los emprendimientos permanecen activos tras 4 años de vida. Chile no está ajeno a esta tendencia. Una de las razones de esto: el endeudamiento. Pero, ¿qué pasaría si no tuvieras que cerrar tu negocio pese a tu apalancamiento financiero?. En esta nota todo el detalle.

Este escenario, donde los endeudados no deben cerrar su negocio está directamente relacionado con la Ley 20.720. Creada en el año 2014, esta normativa establece un marco legal que permite que personas o empresas con dificultades económicas pueden emprender.

Esta ley indica e incorpora una serie de procedimientos de auxilio para deudores en problemas, sin importar si éstos son micro, pequeños o grandes empresarios, organizaciones o empresas, sin perder de vista a los acreedores en este tipo de situaciones.

En este sentido la Ley 20.720 determina claramente que pasa con la empresa luego que se desarrolle una liquidación, lo que incluso contempla la posibilidad de conservar una empresa como unidad productiva y generadora de empleo.

La normativa también cubre a los trabajadores afectados por el cierre de una compañía en medio de un proceso de liquidación, asegurándoles su situación profesional y el ejercicio de sus derechos laborales.

En este sentido, la Ley indica que los individuos pueden renegociar sus deudas con los acreedores o realizar una ejecución acelerada y simplificada de su propiedad, a través un nuevo procedimiento administrativo y voluntario.

PRINCIPALES DETALLES DE LA LEY

Estos son los principales tópicos que contiene la Ley 20.720 para evitar que un empresario deba cerrar una empresa por deudas en Chile.

  1. Renegociación de la deuda de persona física: Un procedimiento especial para renegociar los compromisos de los deudores, permitiéndoles llegar a acuerdo con todos los acreedores, con la ayuda gratuita de la nueva Superintendencia 
  2. Rescate de negocios viables: Instaura un procedimiento especial para la rehabilitación de empresas viables, permitiéndoles llegar a un acuerdo con sus acreedores en un plazo de cuatro meses. De esta manera se evita el cierre de una empresa.
  3. Agilidad de los procedimientos: Disminuye el plazo de varios procedimientos, de modo que todas las partes interesadas puedan alcanzar una solución para la crisis financiera en menos tiempo. En particular, en el caso de liquidación de una empresa, el plazo anterior de 54 meses fue reducido a un máximo de 12 meses.
  4. Beneficios a los trabajadores: El término de las relaciones de trabajo es regulado en caso de liquidación de la empresa, protegiendo y facilitando el procedimiento de pago de indemnización.
  5. Transparencia: Se establece que las acciones y decisiones se publicarán en una plataforma electrónica (Boletín de Insolvencia) de forma gratuita y con actualización diaria del contenido disponible para todo el público.
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