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Opinión. Chile y la inclusión laboral

Sergio Valenzuela, gerente de recursos humanos de APL Logistics para Latinoamérica

Desde hace aproximadamente 10 años, Chile es parte de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsado por la ONU, que busca otorga importantes consecuencias para las personas con discapacidad.

Más del 12% de la población total en Chile son personas con discapacidad. Es importante mencionar que en las cifras se consideran dificultades físicas o de movilidad, sordera o dificultad auditiva, ceguera o dificultad para ver, dificultad psiquiátrica, mental o intelectual y mudez o dificultad en el habla.

Lo correcto es reconocer que existen personas que poseen capacidades diferentes y que pueden generar importante valor económico y social en la sociedad”.

Dicho la anterior, se hace evidente que somos un país no tan diferente a otros en esta materia, y si bien hemos reconocido la relevancia de este sector de la sociedad y de la obligación de hacernos cargo de impulsar una verdadera inclusión, hemos tomado mucho tiempo en dar los pasos necesarios en esa dirección y los avances en nuestro desarrollo, económico, político y social no han llegado a dichos ciudadanos de manera efectiva.

En Chile se requiere de un cambio cultural en ese sentido. Seguimos mirando la Inclusión como algo que debemos hacer, como una necesidad de país, pero finalmente les dejamos a otros esa tarea y el problema sigue estando presente por años, sin soluciones reales.  He escuchado en varios encuentros y congresos que al menos hay un discapacitado en cada una de las familias en Chile, pero aun así,  la “mentalidad” como se dice, sigue siendo la misma; la solución debe venir de otros.

Por otra parte, creo que para facilitar y acelerar la aproximación que se tiene con la discapacidad, se debe tener un mejor conocimiento y comprensión de estas realidades en todas las áreas de la sociedad, entre otras, en la formación educacional en todos sus niveles, en el mundo del trabajo, en las políticas públicas, en las asociaciones gremiales, en las familias, en las actividades sociales y de la vida diaria, etc.

Como se ha dicho de manera inteligente por algunos, la discapacidad es una palabra que no facilita la inclusión, ya que de ella se deduce una falta de capacidad en algunas personas. Lo correcto es reconocer que existen personas que poseen capacidades diferentes y que pueden generar importante valor económico y social en la sociedad. La discapacidad, más que un cambio de mentalidad, necesita ser descubierta y a través del conocimiento y comprensión, se debe disminuir la “ignorancia” que tenemos de ella.

Antes que todo, debemos meditar por qué un país requiere de una ley que obliga de una u otra manera a las empresas a incluir en sus equipos de trabajo a personas con discapacidad.  Me gusta la siguiente definición de ley en el ámbito del derecho, que de alguna manera da respuesta a esta inquietud:la ley es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. 

Es decir, ya que como sociedad no podemos cumplir con la necesidad de inclusión para personas con discapacidad, surge la ley para exigir algo que como sociedad no hemos podido resolver de manera voluntaria o espontánea.

Para una inclusión efectiva que es lo que exige la ley, es importante avanzar en tres caminos.

Primero, debemos hacer cumplir la ley de manera real, con fiscalización y apegados a la normativa, para que podamos estar tranquilos que será una ley viva, que permita asegurar un piso mínimo de inclusión para personas con discapacidad y para compensar de alguna manera la deuda que tenemos como una sociedad responsable.

Segundo, debemos seguir perfeccionando dicha ley en el mediano plazo, con un reglamento eficiente, que asegure que dichas personas sean incorporadas de manera correcta al trabajo y que finalmente  no se traduzca en un problema mayor de implementación correcta, que se solucione el problema pagando una compensación por falta de condiciones, deserciones o desinterés de las empresas.

Tercero, trabajar desde la educación este concepto, en todos los niveles como mencionó, en un plan de largo plazo como política pública, ya que la única manera que esto sea sostenible en el tiempo es conocimiento y un cambio cultural.

Finalmente, en relación con esto, hay muchas personas dispuestas a ayudar y facilitar este cambio cultural, pero las autoridades públicas y las empresas juegan un rol muy relevante para facilitar dicho cambio, lo cual va más allá del cumplimiento legal.

 

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